Pero hasta la fecha el progreso de la reforma ha sido arbitrario y vacilante. De las 66 millones de hectáreas redistribuidas hasta 1992, casi 90% han beneficiado intereses corporativos en las regiones tropicales del oriente, mientras solamente 10% fueron destinados a pueblos indígenas y campesinos en los valles y planicies del occidente.1

De los nueve millones de bolivianos, aproximadamente la tercera parte vive en áreas rurales, muchos de ellos tratando de sobrevivir en pequeñas parcelas, agotadas por muchos años de cultivo intensivo. Actualmente el control de grandes áreas de tierras esta en manos de una elite mientras los campesinos y pueblos indígenas tienen acceso solamente a una fracción del suelo. Según un estudio de las Naciones Unidas (Oct. 2005), 2 millones de campesinos cultivan 5 millones de hectáreas, mientras 100 familias controlan 25 millones de hectáreas. Cerca de 250,000 campesinos no tienen tierras.2

La concentración de granes haciendas en el Oriente, las cuales llegan a veces a más de 100,000 hectáreas, son el legado de anteriores gobiernos. Durante el gobierno del dictador Banzer (1971-78), por ejemplo, 12 millones de hectáreas de tierras fueron redistribuidas, incluyendo extensiones de 70,000 y hasta 120,000 ha. para concesiones individuales.3  Hoy en día, se puede observar, con ‘suerte’, una vaca solitaria pastando sobre 50,000 hectáreas de tierra .4

Bajo el nuevo gobierno de Evo Morales Aima, INRA trabaja activamente para completar el retrasado proceso de redistribución de tierras. En un proyecto piloto en la municipalidad de Tiwanaku, cuna ancestral de los pueblos originarios del Altiplano, 15,000 ha han sido distribuidas en 226 parcelas a los pobladores en marzo de 2006. Ejecutivos del INRA reconocen la necesidad de una urgente reforma agraria, y quieren promover, por medio de la gestión gubernamental, la visión política y social de inclusión de campesinos y pueblos originarios en el proceso social.

Para mas información sobre el INRA, vea su sitio Web oficial en http://www.inra.gov.bo