La
revalorización de la hoja de coca es de suma importancia
para el gobierno del MAS, que llego al poder exigiendo
el respeto para esta planta sagrada de las culturas originarias
del continente sudamericano.
En los países suramericanos donde se usa tradicionalmente,
hoy en día y gracias a décadas de resistencia,
el coqueo es respetado y aceptado por la ley, como son
los casos de Bolivia, Perú, Colombia y Argentina,
o tolerado por las autoridades, como en el caso de Chile.
En aquellos cuatro países el aprovisionamiento
del mercado interno también es regulado por ley.
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Pero en los casos de Argentina y Chile, donde la hoja no es
cultivada, el abastecimiento depende de la importación
ilegal del producto desde Bolivia y Perú, abriendo la
puerta a la arbitrariedad y la coima.
En los tres países cultivadores el monto cultivado es
estrictamente regulado por ley y controlado por instancias fiscalizadoras
nacionales e internaciona-les. La exportación es permitida
a contadas compañías, hecho que ha creado un virtual
monopolio extranjero con este recurso naturale de los Andes.
En
el ámbito de la legislación nacional, el gobierno
boliviano esta preparando cambios a la ley 1008, en el sentido
de ajustar el cultivo permitido a la necesidad real del mercado. Se
espera además que crezca el mercado a la medida del
aumento de la manufacturación y promoción de
una gama de productos hechos a base de la hoja de coca. Pero
la verdadera prueba esta en el ámbito internacional,
ahí donde mandan las convenciones de las Naciones Unidas, las mismas que prohiben el libre comercio de la hoja.
En este foro la voluntad de la soberana Bolivia se enfrenta
a la de los EE.UU. y su imperio sobre el concierto de las
naciones. En efecto, todas las naciones del mundo, excepto
África del Sur, han adherido a la Convención
Única de Estupefacientes, de 1961, que enumera los
estupefacientes prohibidos e incluye la coca en su lista.
Esa convención es, por su rango, superior a una ley
nacional y el camino para denunciarla es largo y acarrearía
consecuencias internacionales y posibles sanciones.
Hasta
la fecha la estrategia del gobierno boliviano ha consistido
en poner énfasis en su adhesión total a las
convenciones de drogas - hasta a pedir mas empeño por
parte de EE.UU. y otras naciones claves en el combate al narcotráfico
- mientras reclama la exclusión de la coca de las listas
de estupefacientes. A tal efecto esta haciendo gestiones ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, con sede en Viena. El trabajo será arduo, porque tanto EE.UU. como la U.E. se oponen, mientras ningún otro país, ni siquiera Perú, se ha declarado a favor.
Un otro camino para conseguir la exclusión de la coca de las convenciones pasa por la Organización Mundial de Salud en Ginebra, donde el gobierno boliviano pretende hacer valer su tesis sobre los valores terapéuticas de la hoja. Dada la experiencia en 1995 con el Proyecto Cocaína, un estudio sobre el uso de la coca y la cocaína patrocinado por la OMS, que enfoco el uso de la coca desde una perspectiva positiva - hecho porque su publicación fue vetada por el representante de los EE.UU.- parece muy improbable que los resultados de una intervención en Ginebra darán mejores resultados que aquellos obtenidos hasta la fecha en Viena.
Por
otro lado el presidente Morales ha obtenido respaldo para
su política de revalorización de la CAN, la
Comunidad Andina de Naciones, que reagrupa a Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela, mientras en Argentina el
tema ha inaugurado un debate nacional. Con un consenso suramericano
las demandas bolivianas tendrán mucho mas peso en el
momento de las decisiones, momento que llegara probablemente
recién en 2008, cuando la segunda reunión de
UNGASS, la Sesión Especial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre Drogas.
En
caso de que todos estos trámites no dan resultado,
el gobierno de Morales tiene siempre la opción de denunciar
unilateralmente las convenciones internacionales para juntarse
a África del Sur en el muy exclusivo club de los non
firmantes.
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